La ley del timbiriche

Limpiador de zapatos en un mercado de La Habana. 14 de septiembre. (REUTERS)




Michel Suárez, Madrid



El gobierno ha anunciado, nada menos que a través de los sindicatos, una drástica reducción del empleo estatal. La asfixia económica del país, el alto grado de incertidumbre sobre los resultados electorales de Venezuela y la creciente desafección interna, han obligado a las autoridades a soltar lastre en algunos asuntos hasta ahora "estratégicos".

Pero, ¿qué diferencia a esta operación económica de la instrumentada por el régimen en 1993, desmontada tres años después por razones políticas?

Al inicio del "período especial", la autorización del trabajo por cuenta propia no se hizo acompañar de una radical disminución del empleo estatal y, más que una línea de desarrollo, fue concebida como un remiendo temporal para aplacar el hambre y frenar el descontento.

Ahora el gobierno repite estos dos últimos objetivos, porque la situación es igual de calamitosa, pero introduce decisiones inéditas: el cese de medio millón de trabajadores públicos convierte el plan de Raúl Castro en el mayor reajuste "neoliberal" de la historia de Cuba, si se utiliza la misma terminología aplicada por el régimen a procesos similares en otros países.

Aunque en la Cuba de los hermanos Castro la lógica es un raro suceso, los despidos masivos convierten la reforma laboral, sea cual fuere su calado, en prácticamente irreversible. Otro asunto relevante es el proceso impositivo que le acompaña.

La carga fiscal será elevada, según los escasos detalles trascendidos, pero la afiliación obligatoria a la seguridad social sugiere, a la vez, una apuesta menos provisional por la pequeña actividad privada. Mientras las dudas sobre la durabilidad del plan parecen estar despejadas, no puede asegurarse lo mismo sobre la intencionalidad política del proceso.

Las reformas apuntan al fomento del timbiriche, a la economía de subsistencia, y no a la creación de un verdadero tejido empresarial en el que se garantice el funcionamiento natural del mercado. Sin fuertes eslabones en la cadena de producción, distribución y comercialización, ni claridad sobre el crédito, la inversión, la propiedad o la capacidad de reproducción capitalista, la pretendida "actualización del modelo" no será más que una tomadura de pelo.

Las informaciones circuladas entre miembros del Partido Comunista, acerca de la carga impositiva que sufrirían los cuentapropistas, advierten de un irracional afán recaudatorio y de una estrategia encaminada a limitar la envergadura de las nuevas "empresas". Llama la atención que los sectores más problemáticos del país —la alimentación y el transporte— serán los más castigados desde el punto de vista fiscal.

La "reforma" de Raúl Castro también revela una orientación casi exclusiva hacia los oficios, dejando prácticamente fuera cualquier reacomodo de los profesionales en el sistema, cuyas actividades continuarán dependiendo de "papá Estado".

Quizás en el futuro haya más pizzas o taxis en la calle y los barberos y mecánicos sean más eficientes, pero las medidas del régimen no sacarán a Cuba de la crisis. No crece ni compite un país que penaliza la innovación y las ambiciones.

Son demasiados los puntos débiles de la propuesta que se "debate". A saber, un mercado inmobiliario secuestrado por el gobierno; ausencia de libertades de asociación con nacionales residentes en otros países o con extranjeros; una presión fiscal disuasoria y falta de reglas claras sobre el concepto castrista de "pequeña y mediana empresa", entre otros.

Dejando fuera el marco político, que se mantendrá inamovible, es evidente que cualquier reforma económica sólo tomará algún vuelo cuando Raúl Castro vista el traje de Deng Xiaoping y diga sin complejos que "enriquecerse es glorioso".
(Diario de Cuba)