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El régimen ha amenazado con retener la libreta de racionamiento de 2010 a los ciudadanos que mantienen deudas con el Estado por concepto de equipos electrodomésticos, informó este lunes la Agencia de Prensa Libre Oriental (APLO).
Según el reporte, además del embargo de salarios y pensiones, "ahora se anuncia la retención de la libreta de abastecimiento", que tradicionalmente se entrega a los consumidores por estos días para su utilización a partir del 1 de enero de 2010.
"La medida le ha puesto los pelos de punta a una gran parte de la población. No es posible enfrentar esa situación, cuando a través de la libreta venden los productos básicos como la leche, la carne para la dieta de los enfermos y otros productos de primera necesidad", apuntó la fuente.
El servicio de noticias Cubanet informó este lunes que en el municipio de Calixto García, provincia de Holguín, las autoridades "han amenazado a las personas que reciben asistencia social y pagos por jubilación con quitarles la 'ayuda', si no pagan las mensualidades".
El pastor Delmides Fidalgo López denunció que "los afectados son mayormente personas enfermas, ancianos y mujeres, quienes debido a sus bajísimos ingresos y al alto costo de la vida en Cuba no tienen forma de cumplir con el pago del endeudamiento".
Los "morosos" argumentan que el gobierno fue quien promovió el cambio de millones de refrigeradores viejos norteamericanos por otros de fabricación china, alegando que los primeros eran altos consumidores de electricidad.
Según APLO, las organizaciones disidentes llamadas "municipios de oposición" están "recogiendo los argumentos necesarios para entablar una demanda colectiva contra las entidades estatales relacionadas con los hechos", entre ellas, el Ministerio de Comercio Interior.
El diario Granma, portavoz del gobernante Partido Comunista, denunció la semana pasada la "ingratitud" de quienes no pagan los electrodomésticos "que tan gentilmente (les) adelantó la Revolución" y aseguró que las deudas suman "cientos de millones de pesos".
Según el régimen, las deudas son producto de "la indolencia o la irresponsabilidad", y ascienden a "cientos de millones de pesos" que podrían tener un "provechoso empleo" si estuvieran en manos del Estado.
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