El salvajismo del gobierno de los Castro con los disidentes está cada vez más solo.
Referentes de los derechos humanos, como Julio César Strassera, Graciela Fernández Meijide, Patricio Aylwin y Ricardo Gil Lavedra, intelectuales como Guillermo O' Donnell, Santiago Kovadloff y Beatriz Sarlo y también periodistas, como Andrew Graham-Yooll, Pepe Eliaschev, Daniel Muchnik y Sylvina Walger, junto a personalidades argentinas e internacionales del mundo de la cultura y el pensamiento impulsaron con su firma una Declaración en apoyo a los opositores del régimen castrista y como reclamo por su liberación, que se dio a conocer ayer.
La Declaración, dirigida "a los gobiernos democráticos de América latina", tiene como objetivo solicitarle a los mismos que reclamen ante Cuba "la liberación de todas las personas que, en ese país, se encuentran encarceladas por delitos que, de acuerdo con los estándares internacionales, son derechos básicos".
"En Cuba existe una política de estado que expresamente viola las libertades fundamentales", dijo el documento que impulsó el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL). En el mismo se señaló que "la Constitución de Cuba, su Código Penal, leyes especiales como la número 88 y las sentencias de los tribunales populares, son una evidencia irrefutable de las violaciones a los derechos humanos en ese país".
Según un Comunicado que dio a conocer CADAL, la Declaración es "una petición a los gobiernos de América latina, como muestra de solidaridad democrática regional y con la aspiración que la misma logre incidir en una pronta apertura política en Cuba".
El documento señaló como "preocupante" que América latina se muestre "tan indiferente frente a estas injusticias que sufre el pueblo cubano y tan complaciente con su ilegítimo gobierno", sobre todo en países que "han sufrido terribles dictaduras, recibiendo en esos años de plomo importantes muestras de solidaridad democrática internacional".
"Es hora que América latina se ponga del lado de los demócratas cubanos y le exija al régimen de los hermanos Castro que inicie una apertura política garantizando derechos muy elementales como la libertad de asociación y expresión, lo cual posibilitaría la liberación de muchos presos políticos por el principio de la vigencia de la ley más benigna", añadió.
La Declaración, que lleva el título "El ejercicio de los derechos no es delito", está firmada, entre otros, por el fiscal del Juicio a las Juntas Militares Argentinas, Julio César Strassera; el ex presidente de Chile en el inicio de la transición democrática, Patricio Aylwin; la ex integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, secretaria de la CONADEP y ex ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide; el diputado nacional, presidente de la Comisión de Justicia, ex ministro de Justicia y ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en cuyo carácter participó del Juicio a las Juntas Militares, Ricardo Gil Lavedra. También suscribieron la misma, los intelectuales Guillermo O' Donnell, Santiago Kovadloff, Beatriz Sarlo, Emilio de Ípola, Vicente Palermo, Daniel Sabsay, Sergio Fausto, Marcos Novaro, Claudia Hilb, Patricio Navia, Guillermo Rozenwurcel, Rafael Rojas, Heinz Sonntag, Demetrio Magnoli, María Matilde Ollier, Eduardo Viola, Héctor Leis, Gabriela Ippólito, Romeo Pérez Antón y Gabriel Palumbo.
Entre los periodistas firmantes se cuentan Andrew Graham-Yooll, Pepe Eliaschev, Carlos Lauría, Ricardo Uceda, Daniel Muchnik, Andrés Cañizález, César Ricaurte, Eduardo Ulibarri, Sylvina Walger, Dilmar Rosas, Claudio Paolillo y sus colegas Alejandro Nogueira y Hugo Machín, ex presos políticos uruguayos. Además, suscribieron el Documento dirigentes sociales como Silvia Uranga, Carlos Facal, Roberto Eisenmann, Paulo Uebel, Paola Silva y Carlos Bascuñán y los diputados argentinos Juan Carlos Vega, presidente de la Comisión de Legislación Penal y Fernando Iglesias, vocal de la Comisión de Relaciones Exteriores.
La declaración se hizo pública durante la realización de la conferencia "Una mirada progresista sobre la situación de los derechos humanos en Cuba".
Al borrador inicial se la agregó una mención sobre la trágica muerte de Orlando Zapata Tamayo, acaecida el 23 de febrero último, luego de una prolongada huelga de hambre, dijeron los organizadores. "En CADAL estamos convencidos que la permanencia de una dictadura en Cuba, sin reclamos firmes de apertura política, representa un límite democratizante para América latina y también consideramos que este reclamo lo tienen que liderar personas con trayectoria en la defensa de la democracia y los derechos humanos", explicó el Comunicado.
Fuente: DYN
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