Marino Murillo culpa a los trabajadores agrícolas de que el PIB no suba
Dice que 'su aporte es uno de los más bajos del
país' y obliga a importar anualmente unos 2.000 millones de dólares en
alimentos.
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El vicepresidente Marino Murillo. (JUVENTUD REBELDE)
El funcionario dijo que el sector emplea al 20% de los trabajadores cubanos, sin embargo, "su aporte es uno de los más bajos del país", informó el periódico oficial Trabajadores.
Debido a esa situación, el país debe importar anualmente unos 2.000 millones de dólares en alimentos, dijo Murillo, también vicepresidente del Consejo de Ministros.
En el contexto actual "eso es lo que más presiona al país. Si pudiéramos sustituir 1.000 millones, el PIB podría subir a un 8 por ciento", añadió durante una sesión del Primer Taller Internacional de Auditoría, Supervisión y Control, realizado en La Habana.
Como parte de las reformas económicas en marcha, el Gobierno entregó tierras en usufructo a campesinos y cooperativas privadas. Sin embargo, los trabajadores se han quejado constantemente de trabas burocráticas, falta de herramientas y otros insumos para trabajar la tierra.
La medida no ha logrado aumentar la producción de alimentos en la Isla, que sigue importando cerca de un 80% de lo que consume.
Murillo mencionó además la falta de liquidez en divisas, los bajos niveles de eficiencia de la economía, y la dualidad monetaria y cambiaria como algunos de los "puntos débiles" para alcanzar una tasa de crecimiento del PIB por encima del 5%.
En mayo pasado, Murillo indicó que "la tasa de crecimiento en los últimos tres años no ha rebasado el 3,2%". Admitió que Cuba "necesita de 2.000 a 2.500 millones de dólares anuales de inversión extranjera directa" para que despegue su economía.
En el Taller Internacional de Auditoría, Supervisión y Control, el vicepresidente afirmó que los problemas estructurales de la economía no se resuelven espontáneamente, sino que deben ser conducidos con políticas de Gobierno, y destacó la necesidad de quitarles las trabas a las fuerzas productivas del país. No obstante, defendió la "propiedad social sobre los medios de producción", es decir, el control estatal.
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