Un gestor de barrio político-policial, un jurado vecinal o un “community manager” que dinamiza la participación ciudadana. Estas son tres de las figuras que el Ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena (Ahora Madrid) pretende poner en marcha en los 121 barrios de la capital, a
imagen y semejanza de los soviets de barrio que controlaban la Policía
y la Justicia en la Unión Soviética y que siguen haciéndolo en Cuba.
Todo ello a través de la creación de una ‘Policía Comunitaria’ que,
según el programa de Gobernanza Comunitaria de la Seguridad y la Convivencia, intentará crear una estructura policial, judicial y social paralela a la existente.
Esta medida ha sido completamente obviada por la alcaldesa de
Madrid durante su primer debate sobre el estado de la ciudad
celebrado este martes en la sede Municipal. Después de más de
hora y media, donde ha hecho balance de sus doce meses de
gobierno, Carmena no ha querido referirse esta nueva Policía
Comunitaria.
El plan en el que trabaja el equipo de
Carmena recoge la figura del “gestor de
barrio”, que será el máximo responsable
de la nueva política de seguridad que
intentará poner en marcha la alcaldesa
. Este gestor, auténtico 'comisario político
', será nombrado por Carmena y asumirá,
si el plan llega a buen puerto, la
coordinación de todos los organismos implicados.
Según el texto, avanzado por El País,
se explica que esta figura es un
“community manager del barrio
que dinamiza la participación ciudadana, la convivencia y la
colaboración entre servicios”. También será aquel que conozca
“a fondo el barrio y es conocido por el barrio”:
“Es quien impulsa y fortalece la gobernanza sobre el terreno”.
A las órdenes de este gestor político-policial estarán los calificados
como “círculos de custodia ciudadana”, la “red comunitaria pública
y privada”, así como el “consejo ciudadano”. Los primeros se
encargarán de “cuidar y mejorar la calidad del lugar, reduciendo
las infracciones por arrojo de suciedad y por ruido”. Es decir,
la tarea que a día de hoy tes responsabilidad de la Policía
Municipal.
También rendirán cuentas a los 121 gestores de barrio aquellos
que integren la ‘Unidad de Policía Comunitaria’ formada por
voluntarios que harán labores de mediación.
Desde Ahora Madrid explican a EL ESPAÑOL que "todo está
en fase de participación", y que se realizará en una primera
instancia, "sólo en Lavapiés", como barro piloto. Afirman que
no hay nada cerrado aún, pero que la Policía Comunitaria sí se
implantará: "Aquella que tiene que ver con una Policía más cercana, protagonizada por patrullas callejeras".
LA FIGURA DEL JURADO VECINAL
El novedoso proyecto también pretenderá instaurar un
“jurado vecinal”, donde delincuentes y víctimas tendrán
“la oportunidad” de encontrarse “con el entorno social donde
se cometió la infracción, reconocer su culpa y acordar
conjuntamente vías para restaurar el daño hecho a la
comunidad”.
“La comunidad, por su parte, aceptará el reconocimiento de
culpa y colaborará para definir una medida adecuada de reparación
del daño hecho”, recoge el documento. Con esta figura, el Gobierno municipal busca la “reintegración social” del delincuente. No obstante, señala que los acuerdos posibles deberían ser ratificados por un “juez ordinario”.
Carmena también quiere lanzar un “Servicio Comunitario de Seguridad
y Justicia”, donde se traten tanto a víctimas como infractores desde el punto de vista preventivo, “usando técnicas de mediación, atención psicosocial e intervención social comunitaria sobre el terreno”.
Este modelo choca de forma total con el actual sistema vigente, ya que la seguridad de los madrileños depende de la Policía Municipal y Nacional, mientras que los asuntos sociales son competencia de las áreas locales
y de la Comunidad de Madrid, liderada por la ‘popular
’ Cristina Cifuentes. Y por supuesto, las infracciones de carácter penal dependen de los jueces.
Ahora Madrid insiste en que "no se crea nada paralelo", y por ello
ponen un ejemplo para intentar visualizar su plan. En el hipotético
caso que un vecino de Lavapiés tenga problemas con el ruido
producido por un bar de su portal, podría acudir a la mesa de
Convivencia y plantearle su problema. En ese momento se activa
un "dispositivo de mediación" en el que estarían presentes el propio
vecino, el dueño del local, defensores de los hosteleros, técnicos de
medio ambiente que midan el ruido o incluso AMPAS para
defender los intereses de niños implicados.
Una vez presentadas las necesidades de cada uno, se podría
llegar a una solución conjunta entre todos los agentes y "en
vez de judicializar el conflicto, se podría encontrar una solución
mucho más rápida".
LAVAPIÉS, BARRIO PILOTO
En el texto se explica que Embajadores (Lavapiés y el Rastro)
será el primer barrio donde se pretende implantar este nuevo
modelo debido a la inseguridad del barrio “desde hace décadas”.
“Las incidencias en delitos como la venta de drogas, los hurtos,
robos violentos, han estado por muchos años entre las más altas
de la ciudad”, analizan.
Y añade: “El aumento de la presión poblacional flotante, venida
de otras comunidades autónomas” y “la apropiación ilegal de
pisos vacíos por los desahucios de los bancos y las mafias han
agravado las problemáticas de este barrio”.
