El exgeneral Manuel Contreras, escoltado por policías. Santiago de Chile, 28 de enero de 2005. (AP)
Aunque el general chileno Manuel Contreras cumplía más de 500 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, afirmó hasta su muerte que nunca había ordenado torturar, matar ni desaparecer a opositores durante la dictadura de 1973 a 1990, reporta la AP.
Contreras, exdirector de la agencia de espionaje chilena responsable del secuestro y tortura de miles de personas durante la dictadura, murió el viernes. Tenía 86 años.
La Gendarmería de Chile confirmó el fallecimiento a través de un comunicado.
"El deceso ocurrió esta noche, a eso de las 22:30 horas, en el Hospital Militar de Santiago, donde se encontraba hospitalizado desde el 24 de septiembre de 2014", indicó la Gendarmería.
El golpe militar de 1973 encabezado por el general Augusto Pinochet derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende. Poco después, Contreras formó y encabezó la agencia de espionaje Dina y siguió adelante hasta convertirse en el segundo personaje más poderoso y temido del régimen después de Pinochet.
"Contreras se encontraba privado de libertad, cumpliendo 40 condenas por delitos como secuestros calificados, homicidios calificados, asociación ilícita y apremios ilegítimos, entre otros, que suman 520 años de presidio", subrayó el viernes la Gendarmería en su texto. "A estas condenas se suman otros 59 procesos pendientes, actualmente en curso, y otras 9 condenas a medidas alternativas a la reclusión, por delitos similares a los ya mencionados".
Aunque siempre afirmó que nunca iría a la cárcel, Contreras falleció cumpliendo las sentencias ratificadas por la Corte Suprema.
"Me costó cuatro años pacificar este país", afirmó en la última entrevista televisiva que dio, en el cuadragésimo aniversario del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
Nacido el 4 de mayo de 1929, Contreras fue el creador en 1974, entonces con el grado de coronel, de la Dirección de Inteligencia Nacional, la policía represiva encargada de eliminar a la disidencia. Como director de la Dina ordenó detenciones ilegales, torturas, ejecuciones sumarias, desapariciones y convirtió los crímenes de lesa humanidad en una política de Estado.
"Estaba prohibido hacer todo tipo de torturas" en los cuarteles de la Dina, aseguraba sin embargo Contreras, un hombre de regular estatura, regordete y poseedor de una sonrisa sarcástica y un carácter autoritario.
Según cifras oficiales, el régimen militar dejó un saldo de 40.018 víctimas, incluidos 3.095 opositores muertos, de los cuales alrededor de un millar continúan desaparecidos.
Conocido por el apodo de "Mamo", afirmó siempre que los desaparecidos estaban "todos muertos en combate" y enterrados en fosas comunes del cementerio general de Santiago.
Un mozo de Contreras reveló ante un juez las torturas que se aplicaban a los detenidos y cómo los mataban y luego metían los cuerpos en sacos que a veces amarraban a los rieles del tren o eran trasladados en un helicóptero que los lanzaba al mar.
Aunque la Dina se creó formalmente en 1974, investigaciones y testimonios de sobrevivientes del Regimiento de Tejas Verdes, en la costa central, indican que Contreras empezó a reunir información de inteligencia sobre los izquierdistas incluso antes del golpe.
Llegó a construir una red de 50.000 informantes, civiles y militares, pero también se granjeó muchos enemigos por la acumulación de poder que detentaba.
En noviembre de 1975 Contreras organizó en Santiago una reunión de jefes de servicios de inteligencia de las dictaduras militares de América del Sur que fue el germen de la Operación Cóndor, una alianza para la captura y eliminación de izquierdistas que extendió sus redes por Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
Cuando Pinochet de desligó de las violaciones de derechos humanos y responsabilizó a sus subordinados, Contreras aseguró que el dictador era su jefe directo y que desayunaba a diario con él para informarle de su labor.
"Yo siempre cumplí órdenes y las cumplí bien", dijo socarronamente.
Pinochet admitió en una declaración judicial sus reuniones matutinas con Contreras, pero "para que me informara de la situación limítrofe con Argentina". Ambos países estuvieron al borde de la guerra en diciembre de 1978 por la disputa de tres islas en el extremo sur.
Contreras afirmó en una declaración judicial en 2006 que el origen de la fortuna secreta de Pinochet, estimada en 27 millones de dólares, estaba en el narcotráfico y que la droga era fabricada en dependencias del ejército por un químico civil que había trabajado para la Dina, según declaró su abogado Fidel Espinoza.
El poder de Contreras empezó a decaer por presiones de Estados Unidos tras el asesinato del excanciller chileno Orlando Letelier en septiembre de 1976 y de su secretaria estadounidense.
Cuando las pruebas de su participación intelectual fueron irrefutables, y pese a que la Corte Suprema negó su extradición a Estados Unidos, el dictador disolvió la Dina y la reemplazó por la Central Nacional de Informaciones. El otrora todopoderoso jefe de la Dina pasó varios meses detenido en un hospital militar.
Salió en libertad hasta que, llegada la democracia al país y luego de un juicio que se mantuvo abierto por 17 años, en mayo de 1995 fue condenado a siete años de cárcel por el asesinato de Letelier. Fue liberado a mediados de 2001.
Refugiado y armado en su finca, advirtió que jamás iría a la cárcel. En medio de un operativo de inteligencia del ejército, fue trasladado hasta un hospital naval.
El gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) accedió a construir una cárcel especial para violadores de derechos humanos, Punta Peuco, a 40 kilómetros al norte de Santiago. Su primer ocupante fue el brigadier Pedro Espinoza, jefe operativo de la Dina. Luego llegó Contreras para acompañarlo.
Con el avance de los juicios a los criminales de lesa humanidad y el aumento de los condenados, el gobierno socialista de Ricardo Lagos (2000-2006) creó en 2004 una segunda cárcel, Cordillera, en el interior de un regimiento del ejército. Pero al poco tiempo la prisión se transformó prácticamente en un lugar de descanso: tenía canchas de tenis, lugares para hacer asados, televisión por cable e internet y cabañas individuales para los criminales presos. Sus ocupantes eran ocho generales y dos coroneles.
En enero de 2005 Contreras fue ingresado al penal Cordillera para cumplir 15 años de prisión por la desaparición de un trabajador izquierdista.
Pese a las protestas de activistas de derechos humanos, políticos de izquierda y familiares de las víctimas de la represión, los cuatro gobiernos de centroizquierda que hubo entre 1990 y 2010 no se atrevieron a cerrar esas cárceles especiales.
Fue el gobierno del centroderechista Sebastián Piñera (2010-2014) el que ordenó cerrar Cordillera y devolvió a Contreras y a sus camaradas a Punta Peuco.
