Guillermo Fariñas, Berta Soler y Antúnez durante la presentación de la Ley de Amnistía. La Habana, 3 de julio de 2015. (ÁNGEL MOYA)
El Foro por los Derechos y las Libertades (
Foro DyL), integrado por Damas de Blanco, miembros del proyecto independiente Estado de Sats, exprisioneros políticos y líderes disidentes, promueve una
Ley de Amnistía para todos aquellos condenados por delitos calificados por el régimen como "contrarrevolucionarios".
La propuesta abarca "todos los actos de intencionalidad o connotación política" perseguidos, investigados y sancionados desde el 1 de enero de 1959, exceptuando "crímenes de guerra, actos genocidas, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves a los derechos humanos".
Contempla además "casos humanitarios dados por avanzada edad, estado físico, mental o tiempo de cumplimiento de la condena".
El proyecto pretende que "con efecto inmediato e irrevocable", se conceda "amnistía general y plena" a todas aquellas personas "sobre las que haya comenzado o terminado investigación judicial, por la Fiscalía, órganos y fuerzas de Seguridad del Estado y/o policiales" en relación con acontecimientos políticos.
Enumera como comprendidos en la amnistía, además de los actos considerados "contrarrevolucionarios", aquellos "contra la Seguridad de Estado, contra la 'construcción del sistema económico-político socialista' o cualquier otra denominación penal que conlleve intencionalidad de rango delictivo por su naturaleza política".
También menciona a los ciudadanos y funcionarios sancionados o inhabilitados "por haber ejercido sus derechos constitucionales a la libre expresión de opinión, oral, escrita y divulgativa por cualquier medio de comunicación de sus ideas contrarias al orden económico-político imperante, así como la asociación social o partidista, manifestación a favor de cualquier corriente política o ideológica de manera pacífica y legítima".
Asimismo, a quienes se han "opuesto al orden político-económico establecido" y a las estructuras del poder, incluyendo "los actos que hayan sido considerados como delitos de traición a la patria, subversión o rebelión civil o militar, o cualquier otra acción punitiva que pueda ser calificada como un delito Contra la Independencia o Seguridad del Estado".
De "los condenados por actos que hayan conllevado la pérdida de vidas humanas, serán comprendidos aquellos ocurridos por accidente o que no hayan sido perpetrados con premeditación y alevosía", precisa.
La propuesta tiene en cuenta, además, a los investigados, procesados, condenadas o inhabilitados por "objeción de conciencia a la prestación de servicios 'a la revolución'", o por "denegación de auxilio a la 'justicia revolucionaria', al negarse a revelar hechos de naturaleza política que hayan sido conocidos en el ejercicio profesional o por vínculos de índole filial o familiar".
Reclama, por otra parte, dejar "sin efecto" resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos "que hayan producido despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos" de los ciudadanos; la restitución a los afectados todos los derechos que tendrían de no haberse aplicado las medidas que los llevaron a una situación de limitación, y la eliminación "antecedentes penales y notas desfavorables en todo tipo de archivos personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido".
La Ley de Amnistía fue presentada el viernes en la sede de Estado de Sats, con la presencia de Antonio Rodiles, director de ese proyecto independiente; Berta Soler, representante de las Damas de Blanco; los líderes disidentes Guillermo Fariñas, Ángel Moya y Jorge Luis García Pérez (Antúnez), entre otros.
El Foro DyL calcula que hay en la Isla unas 74 personas, en prisión o licencia extrapenal, que calificarían para la Ley de Amnistía. Una veintena de ellos lleva entre 12 y 23 años en la cárcel.
Para poder ser aplicada la normativa tendría que pasar por la aprobación del la Asamblea Nacional del Poder Popular. En el pasado el régimen se ha encargado de evitar que este tipo de propuestas prosperen aunque cuenten con apoyo ciudadano, como ocurrió en 2002 con en Proyecto Varela, impulsado por el fallecido líder opositor Oswaldo Payá.
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