En 15 días participé como espectadora en dos juicios celebrados en el Tribunal de la Habana, ambos seguidos por un delito de asesinato. El primero, el 28 de noviembre, asesoraba a la familia de los acusados, seis marginales de Mantilla, una barriada marginal de Arroyo Naranjo donde nací, crecí y vivo.
Fueron juzgados por el homicidio de un Joyero. Las principales evidencias, huellas de olor encontradas en las sogas con que amarraron a las víctimas. Aunque fueron dos los atacantes, la fiscalía pide entre 18 y 30 años de privación de libertad, para todos.
El orfebre murió después de la huida de sus agresores con joyas y dinero. Su esposa le dio 2 pastillas. Las tragó, incluso con fractura en el cartílago toroide (nuez de Adán). El médico forense no asistió a juicio, pero en su informe certificó que fue violentamente asfixiado.
Estos detalles ‘insignificantes’ no llamaron la atención del tribunal. Por el contrario puso especial interés en los antecedentes penales de los acusados. Ninguno mató antes, pero con ese historial delictivo, de seguro son proclives, que es tanto como decir culpables.
El 13 de diciembre se celebró el otro. En esa ocasión asesoraba a la familia de la víctima, también de Mantilla. Amado Interian, un ex oficial de la policía disparó a Ángel Izquierdo Medina, un niño de 14 años. El hecho conmocionó a la comunidad. Cuatro testigos estaban presentes cuando apretó el gatillo. Aun así, la fiscalía solicito para él 17 años de cárcel.
“Eso no es asesinato, fue un simple homicidio”, decía su abogado defensor. Cosa fácil de demostrar con el certifico de Medicina legal. El proyectil penetró por el glúteo izquierdo, atravesó el riñón la arteria aorta, el pulmón derecho y salió por el hombro, pero la causa de la muerte fue anemia aguda.
Otra vez el tribunal puso especial interés en los antecedentes del acusado. Los 30 años de servicios cumplidos por el ex oficial en el cuerpo policial, aminoraron el hecho de disparar contra tres adolescentes negros, encima de un árbol de mamoncillo.
Los familiares de Ángel me preguntaron si podían apelar. La decisión depende de la fiscalía, que supuestamente representa a la víctima. Ellos tienen razón y es muy triste. Las vacas tienen más protección del Estado, que una persona.
“¿Qué más se puede hacer?”, me preguntan las madres de aquellos seis hombres encarcelados y la familia del adolescente. Tener fe y paciencia. Sigamos aclamando a la señora de los ojos vendados, con la balanza en una mano y la espada en la otra.
Seré hipócrita, me dije, ‘¿Pedirle a esas madres que tengan fe cuando yo, hace rato la perdí?’. Fue entonces que sentí vergüenza de ser abogada. Comprendí por qué a veces lloro de impotencia y otras no puedo dormir.
Es difícil para mí, decir que la suerte de salir absuelto o condenado depende de si vives en un barrio marginal, si eres negro y pobre, si tienes amigos poderosos o pesos convertibles para pagar un abogado, pero no un defensor, un letrado que gestione la benevolencia del fiscal y del tribunal.
Aquellos dos juicios me dejaron un sin sabor y la certeza que todos en este país corremos riesgos. No hace falta ser disidente. Cualquiera está expuesto a procedimientos judiciales donde no se respetan las más mínimas garantías del debido proceso.
