Texto: Redacción Cuba Noticias 360
El nuevo Código Penal de Cuba, que será aprobado sin consulta pública, amplía el uso de la pena de muerte a cuatro nuevas figuras delictivas, casi todas relacionadas con delitos contra la seguridad del Estado, a excepción del asesinato.
Con este aumento la nueva normativa sumará estos delitos a los 20 ya contemplados en el código de 1987 aún vigente, y reducirá su aplicación en los casos que no atenten contra dicha seguridad del Estado.
Tal será el caso de los ciudadanos cubanos que incurran en la tortura de individuos, con la consecuente muerte de estos, en agresiones sexuales graves, y sean hallados culpables de la corrupción de menores, cuya pena máxima será la cadena perpetua.
El nuevo Código centra el empleo de la pena por fusilamiento en delitos políticos e introduce estas cuatro nuevas figuras delictivas: toma de rehenes (según el artículo 155.2), actos contra la seguridad de la navegación marítima (artículo 157.2), actos contra la seguridad de la aviación y los aeropuertos (artículo 161) y actos contra las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental e insular (artículo 166.2).
Por otra parte, aclara en el artículo 33.1 que dicha pena de muerte “tiene carácter excepcional, y solo se aplica por el tribunal en los casos más graves de comisión de los delitos para los que está establecida”. Luego prosigue en el siguiente artículo, el 33.2 aclarando que esta condena “no puede imponerse a los menores de 25 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito en estado de gestación, o que lo estén al momento de dictarse la sentencia o que ejecuten el hecho delictivo dentro de las 72 horas posteriores al parto”.
Además, la normativa aumentará la aplicación de la cadena perpetua a casi diez veces el número de delitos, pudiendo utilizar esta condena, de manera expresa, como sanción principal o como alternativa a la pena de muerte.
La organización Amnistía Internacional (AI) continúa solicitando a las naciones que “pongan fin para siempre a los homicidios autorizados por el Estado”, considerando que “la pena de muerte es un castigo intolerable”. Actualmente en el mundo, más de dos terceras partes de los países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Según el informe anual de AI de 2020, 108 naciones del mundo eliminaron dicha condena de sus leyes, mientras 29 países mantienen una moratoria sobre las ejecuciones. No obstante, existen 55 estados que continúan aplicándola, entre ellos Cuba.
