El posible acceso de los servicios de inteligencia de Cuba a la información personal de millones de ciudadanos en América Latina podría sorprender a quienes desconocen la historia reciente de la isla. Para quienes no están ajenos a las operaciones de la seguridad cubana, esta noticia llueve sobre mojado. Un reporte del diario mexicano El Universal reveló el pasado 3 de agosto que funcionarios cubanos trabajan con servicios gubernamentales de Argentina, Bolivia y Venezuela, responsables de la gestión de los datos de identidad de unas 80 millones de personas. La noticia coincide con las denuncias del analista estadounidense Edward Snowden sobre el sistema global de vigilancia desplegado por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA). Las repercusiones del escándalo han alcanzado América Latina, donde los cancilleres de Mercosur han manifestado su inquietud ante Naciones Unidas por el espionaje norteamericano en la región. La toma de Caracas El Universal ha desempolvado una vieja revelación hecha por diario venezolano El Nacional en julio de 2011, acerca del contrato entre la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas S.A. y el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela. El convenio, suscrito en 2007, estipulaba básicamente la entrega de las cédulas de identidad para el nuevo Sistema de Identificación, Migración y Extranjería. Albet S.A. se presenta como empresa estatal cubana que ejecuta las transacciones comerciales de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), un proyecto de desarrollo informático creado por Fidel Castro en 2002. Según el documento confidencial del acuerdo, filtrado por el exasesor del gobierno venezolano Anthony Daquin, los cubanos recibirían más de 172 millones de dólares por la operación, que también incluía el suministro de equipamiento y soluciones tecnológicas para garantizar el funcionamiento de los nuevos controles de identidad. En la práctica, señalan los críticos, la participación cubana en el Sistema de Identificación les facilitaría la emisión de documentos y eventualmente la infiltración de agentes de inteligencia encubiertos tras papeles venezolanos. Daquin ha sostenido que las cédulas utilizarán la tecnología de identificación por radio frecuencia (RFID), la cual permitiría la localización de las personas en tiempo real, así como el acceso a información privada en cualquier momento, aun sin la anuencia del ciudadano. El uso de la RFID, extendido en el comercio al detalle y las cadenas de distribución, provocó recientemente un fuerte debate en Estados Unidos cuando una escuela de Texas intentó establecer controles sobre los estudiantes a partir de microchips. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones han cuestionado los proyectos del gobierno para incluir esta tecnología en documentos de identidad o licencias de conducción. Una de las novedades en el reporte de El Universal es la mención de Datys, uno de los rostros empresariales del Ministerio del Interior de Cuba, órgano bajo cuyas órdenes actúa el Departamento de Seguridad del Estado (DSE), antiguo G2. Esta compañía asumió el nuevo sistema de emisión de pasaportes de Bolivia en 2009. En su página web Datys ofrece servicios de identificación biométrica, control migratorio, sistemas de seguridad para las comunicaciones, gestión empresarial y consultoría. La presencia cubana en posiciones claves dentro del gobierno venezolano ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la oposición. En 2010 el diario español El País publicó una serie de cables desclasificados por Wikileaks en los que la embajada estadounidense en Caracas expresaba su preocupación por las relaciones entre los órganos de inteligencia de ambos países. Según el informe diplomático fechado en 2006, los oficiales de la seguridad cubana tenían acceso directo al ex presidente Hugo Chávez, mientras entrenaban y adoctrinaban a sus pares venezolanos. En un cable de 2010 la embajada alertaba sobre el espionaje a funcionarios estadounidenses y miembros de la oposición política, ejecutado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) bajo el control de agentes cubanos. El Gran Hermano argentino A finales de 2011 la presidenta argentina Cristina Fernández anunció la implementación del Sistema de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), una enorme articulación de base de datos con información sobre los ciudadanos y residentes en el país suramericano, disponible para los servicios de policía, emigración y registro de personas. En su discurso de presentación la mandataria agradeció a Cuba la colaboración en esa iniciativa. A pesar del entusiasmo de Fernández, el SIBIOS ha recibido críticas de organizaciones de la sociedad civil, que consideran ese mecanismo una amenaza contra la privacidad y la libertad ciudadanas. En enero de 2012 las fundaciones Vía Libre y Electronic Frontier alertaron sobre el efecto de los sistemas nacionales de identificación y la centralización de datos personales, que “incrementan la capacidad del Estado en materia de vigilancia intrusiva”. La campaña de ambas organizaciones recordó cómo la dictadura argentina había implantado la obligatoriedad del documento nacional de identidad, la base del sistema cuyo perfeccionamiento ha emprendido el actual gobierno de Buenos Aires. En una entrevista concedida al portal Infobae en junio pasado, el fundador de Wikileaks afirmó que “Argentina tiene el régimen de vigilancia más agresivo de América Latina”. La receta de la vigilancia cubana Cuando Julian Assange y Edward Snowden aún no habían nacido, el gobierno cubano ya había sentado las bases de su organización de inteligencia. En un discurso el 28 de septiembre de 1960, Fidel Castro anunció la creación de “un sistema de vigilancia colectiva” con el fin de saber “quién vive en la manzana (barrio), qué hace el que vive en la manzana y qué relaciones tuvo con la tiranía; y a qué se dedica; con quién se junta; en qué actividades anda”. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), dirigidos en sus inicios contra los opositores políticos, se convirtieron con el tiempo en una organización de espionaje vecinal. A pesar de su evidente decadencia, aún mantienen una red de informantes encargados de observar los movimientos de la disidencia y cualquier otra manifestación de rebeldía contra el gobierno. Por otra parte, el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) exhibe con cierta frecuencia el resultado de sus operaciones contra miembros de la oposición. Las acciones de la seguridad cubana incluyen la escucha de conversaciones telefónicas, el monitoreo de la navegación por Internet, el control de la correspondencia y el seguimiento de cualquier protesta pública.
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