domingo, 6 de julio de 2014

LA ARISTOCRACIA ESPAÑOLA Y LAS ESTAFAS A LOS IMPUESTOS

La infanta Cristina sacrifica a su marido para evitar el banquillo de los acusados

Cristina de Borbón no está dispuesta a inmolarse con su marido y, mucho menos, a arriesgarse a una petición de cárcel por acompañar hasta el final a Iñaki Urdangarin.




Defensa. Cristina intenta desligarse de las actividades ilegales de su esposo, en el recurso presentado a la Justicia.

Cristina de Borbón no está dispuesta a inmolarse con su marido y, mucho menos, a arriesgarse a una petición de cárcel por acompañar hasta el final a Iñaki Urdangarin. Su recurso de esta semana contra el auto del juez José Castro, que la mantiene como imputada por dos delitos fiscales y uno más de blanqueo, deja solo frente al banquillo a su esposo, al que, de manera velada, señala como responsable único y último de las irregularidades con Hacienda cometidas a través de Aizoon, la empresa de la que son copropietarios al 50%. La estrategia de la hermana del rey Felipe VI, tal y como hiciera en su interrogatorio en febrero, pasa por mostrarse ignorante de todo, incluso de la procedencia del dinero que gastó durante años con la tarjeta Visa Gold a nombre de Aizoon. Pero esta vez, el recurso de 58 páginas que firman los letrados Miquel Roca y Jesús Silva va incluso más allá, hasta el punto de presentarla como una suerte de víctima de su propio marido, hacia quien tuvo “una actuación en exceso confiada”.
   El recurso insiste en que la infanta, debido a sus «múltiples ocupaciones», compromisos profesionales y sociales como miembro de la Familia Real, no podía “estar al corriente de la gestiones directamente vinculadas con la economía familiar”, que dejó en exclusiva en manos de su marido, quien habría abusado de esa confianza. Además, aunque Cristina hubiera tenido tiempo de supervisar lo que Urdangarin hacía en la empresa de ambos, Aizoon, arguyen sus letrados, nunca hubiera detectado las irregularidades fiscales porque, a pesar de su carrera en Ciencias Políticas y su máster en la universidad de Nueva York, “solo cuenta con unos conocimientos muy básicos de economía y finanzas, que le impiden entrar a valorar cuestiones complejas como la deducción de ciertos gastos”. A la absoluta confianza se añadía “una absoluta falta de la capacidad de sospechar siquiera que se podía estar incurriendo en alguna irregularidad”, señala el texto, que abunda en la teoría de la traición de Urdangarin, quien tampoco tiene estudios fiscales, a su crédula esposa.
Hasta la saciedad. “No existe de lo actuado indicio alguno que permita sostener que la infanta favoreciera la realización de las defraudaciones que, presuntamente, se atribuyen a su esposo”, reiteran hasta la saciedad los letrados, que se esfuerzan una y otra vez en desvincular a su cliente del día a día de Aizoon, a pesar de que ello implique acorralar judicialmente a Urdangarin. El cuñado del rey, tras el escrito de su mujer, se queda cada vez con menos argumentos para rebatir las acusaciones de prevaricación, malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias, dos fraudes fiscales, estafa, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. Un mar de cargos que podrían comportar una petición de cárcel de entre 8 y 34 años. Según los letrados de la hermana menor del nuevo rey, fue el yerno de don Juan Carlos, como administrador único de la sociedad familiar, el exclusivo responsable del ardid de usar la empresa de la que son copropietarios para cargar los trabajos de asesoría de Urdangarin a multinacionales a fin de pagar menos impuestos. De acuerdo con Hacienda, en 2007 Aizoon ingresó 645.453 euros y en 2008 fueron 494.156, pero en realidad la única actividad de la empresa relacionada con su objeto social, el inmobiliario, fue la del alquiler de unos locales por un valor que ningún año superó los 30.000 euros.
   “La mera circunstancia de ser socia (la infanta) de una compañía supuestamente utilizada por el administrador (su marido) para una posible defraudación fiscal, de ninguna manera puede ser considerada por sí sola indicio bastante para sostener una posible participación activa penalmente relevante”, argumentan los defensores. Además, el recurso trata de exculpar a la infanta por haber usado durante siete años la tarjeta Visa de Aizoon para abonar compras personales, base de la acusación de blanqueo. Roca alega que son “limitadísimos pagos anuales” los que hizo la duquesa a cuenta de las arcas de la supuesta sociedad-pantalla.
   En su escrito, como ya hiciera el fiscal Pedro Horrach, también hay reproches personales al juez José Castro, de nuevo rayanos con la prevaricación. Los abogados aseguran que Castro se empecinó en “mantener a toda costa la imputación” por blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda pública, aunque ello supusiera anteponer ese empeño a la estricta aplicación de la ley.